La defensa de la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández Lobato, ha solicitado el sobreseimiento de la causa judicial del denominado caso Soliarsa mediante un escrito en el que atribuye a cuatro trabajadores de la empresa municipal la responsabilidad de las presuntas irregularidades que se investigan.
El documento señala expresamente a Harillo García, Palmero Moreno, García Morales y Mingorance Benjumea como autores de la supuesta operativa relacionada con contrataciones irregulares y el presunto falseamiento de albaranes de entrega utilizados para justificar compras y pagos.
La petición de archivo sostiene que la mecánica utilizada tenía como objetivo principal engañar a la presidencia de Soliarsa, cargo que ocupaba Fernández Lobato como alcaldesa de la ciudad. Según recoge el escrito, los trabajadores habrían desarrollado una actuación basada en la emisión de documentación aparentemente válida para ocultar la realidad de las operaciones realizadas.
La defensa argumenta que los supuestos engaños y la presunta manipulación documental impedían a la presidenta del Consejo de Administración conocer que determinadas órdenes de pago no se correspondían con compras efectivamente realizadas por la empresa pública.
Para reforzar esta tesis, el escrito cita el auto judicial de 20 de marzo de 2025, en el que se afirmaba que no existían indicios de que ni la actual alcaldesa ni su antecesora, María Teresa Valdenebro Ríos, tuvieran conocimiento de que las órdenes de pago firmadas no se correspondían con adquisiciones reales de Soliarsa.
La defensa considera que esta circunstancia excluye cualquier participación de Fernández Lobato en los hechos investigados y sostiene que la acusación formulada por la Fiscalía carece de base suficiente para justificar la apertura de juicio oral.
Además de rechazar los delitos de prevaricación y malversación que le atribuye el Ministerio Fiscal, el escrito sostiene que no existe perjuicio para las arcas públicas en cuestiones como la subida salarial aplicada a los trabajadores, las cestas de Navidad, la lotería navideña o la tradicional comida del patrón de la empresa municipal.
Por todo ello, la representación legal de la alcaldesa solicita al Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda que acuerde el sobreseimiento de las actuaciones respecto a Fernández Lobato, al considerar que no existen indicios racionales de criminalidad contra ella.
La causa de Soliarsa continúa ahora pendiente de que el juzgado resuelva sobre las peticiones formuladas por las distintas partes antes de decidir si procede o no la apertura de juicio oral.
