La Dirección General de Tráfico (DGT) ha requerido la modernización de las aulas donde se celebran las pruebas teóricas, las cuales pasarán a formato digital a partir de 2026. Este proceso implica instalación de equipos informáticos y mejoras en la conectividad.
En el caso de Ronda, la oposición señala que el grupo popular y la alcaldesa se oponen a colaborar con la Asociación de Autoescuelas de la localidad pese a las presiones y ruegos de la oposición del PSOE y de Con Ronda para buscar una solución.
En el pleno celebrado en Ronda, el portavoz socialista, Francisco Cañestro, insistió en que el Ayuntamiento debería aportar cerca de 25.000 euros para cubrir la actualización de las instalaciones, argumentando que muchos vecinos de la comarca acuden a Ronda para examinarse y que la solución es prioritaria para la continuidad del servicio.
Cañestro también planteó que, dado que el problema afecta a varios municipios de la comarca, la Diputación podría hacerse cargo de la inversión en equipos informáticos para la digitalización, una propuesta que coincidió con las voces que señalan el beneficio para otros municipios que utilizan estas instalaciones.
Ahora, los socialistas malagueños respaldan la idea del Grupo Municipal Socialista de Ronda y llevan a la Diputación una iniciativa para que se cofinancie el proyecto, ya sea mediante subvención o ayuda directa, argumentando que la competencia y el interés público justifican la intervención provincial porque la mejora beneficia a residentes de distintas localidades.
Para reforzar este argumento el PSOE subraya que 18 municipios ya han firmado acuerdos con la DGT para garantizar la celebración de los exámenes en sus municipios, y otros 14 están en trámites, lo que refuerza la pertinencia de una solución regional y deja en mal lugar al consistorio rondeño, ya que las ayudas económicas necesarias son poco costosas, en el caso de Ronda unos 25.000 euros aproximadamente.
La iniciativa llega en un momento clave para la continuidad de las pruebas de tráfico en la provincia y podría abrir la puerta a una resolución que beneficie a múltiples municipios de las comarcas afectadas, siempre que el pleno de la Diputación ratifique la financiación.
