La situación judicial de la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández (PP), da un giro decisivo. La regidora deberá afrontar un juicio en la Audiencia Provincial de Málaga por su presunta participación en las irregularidades investigadas en la empresa municipal de limpieza Soliarsa, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda haya acordado la apertura de juicio oral.
La resolución judicial sitúa a la alcaldesa a las puertas del banquillo y activa la fase final del procedimiento penal iniciado hace varios años. Además, le impone la obligación de prestar 135.824,96 euros en fianzas para responder de las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse del proceso. En caso de no hacerlo, el juzgado podrá acordar el embargo de bienes suficientes para cubrir esa cantidad.
La Fiscalía mantiene contra Fernández una acusación por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por estos hechos solicita una condena de cinco años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La instructora también ha acordado la apertura de juicio oral para la exalcaldesa socialista Teresa Valdenebro, tres trabajadores municipales y un empresario, todos ellos acusados por la Fiscalía de distintos delitos relacionados con la gestión de Soliarsa durante el periodo investigado.
Uno de los aspectos destacados del auto es que la jueza rechaza expresamente la petición de archivo presentada por una de las defensas. En la resolución afirma que, tras la investigación practicada, existen indicios suficientes de la posible comisión de hechos delictivos, motivo por el que considera procedente que sea la Audiencia Provincial la que determine las responsabilidades penales de los acusados.
Más de 340.000 euros en fianzas
La resolución también fija las cantidades que deberán consignar los distintos acusados para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. En el caso de Mari Paz Fernández, la suma de las fianzas alcanza los 135.824,96 euros, mientras que a la exalcaldesa Teresa Valdenebro se le exigen 35.098,65 euros. El resto de investigados también deberán prestar las cantidades fijadas por el juzgado, de forma que el importe global supera los 340.000 euros.
Con esta resolución concluye la fase de instrucción y el procedimiento pasa a la Audiencia Provincial de Málaga, donde las defensas deberán presentar ahora sus escritos antes de la celebración del juicio.
La apertura del juicio oral implica que el órgano instructor considera que existen indicios suficientes para que los hechos sean analizados en un juicio con todas las garantías, donde corresponderá al tribunal decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Por su parte la alcaldesa, Mari Paz Fernández Lobato, defiende su inocencia y cree que las acusaciones contienen errores.
