Como desvelábamos ayer tras conocerse el auto de la jueza que abre juicio oral por el denominado “Caso Soliarsa”, supone uno de los mayores frentes judiciales contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ronda al afectar y vincular directamente a la actual alcaldesa que tendrá que sentarse en el banquillo de acusados.
La causa, centrada en presuntas irregularidades en la gestión de la empresa municipal de limpieza entre 2018 y 2020, ha llevado a la apertura de juicio oral. Contra la alcaldesa, Mari Paz Fernández, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y ocho de inhabilitación por presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos. La resolución de la jueza, contra la que no cabe recurso pues es firme, además, le ha impuesto a la regidora del PP una fianza superior a 135.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles.
Así describe la Fiscalía el presunto fraude en la empresa municipal de Ronda: 28 contrataciones bajo sospecha, facturas de material sin suministrar y gastos ajenos a Soliarsa. El escrito de acusación sostiene que entre 2018 y 2020 se realizaron incorporaciones de personal sin procesos selectivos, compras al margen de la contratación pública y pagos por más de 120.000 euros que considera injustificados.
Mientras la Audiencia Provincial de Málaga se prepara para juzgar a la actual alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, a la exalcaldesa Teresa Valdenebro y a otros cuatro acusados, el escrito de acusación de la Fiscalía ofrece una detallada radiografía de las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de la empresa municipal de limpieza Soliarsa entre los años 2018 y 2020.
El Ministerio Público sostiene que durante ese periodo se implantó una forma de gestión que vulneró de manera reiterada la legislación administrativa y de contratación pública, provocando un importante perjuicio económico para las arcas municipales.
Veintiocho contrataciones sin procesos públicos
Uno de los principales bloques de la acusación se centra en la incorporación de personal. Según la Fiscalía, 28 trabajadores fueron contratados sin que existieran procedimientos selectivos que garantizaran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El escrito mantiene que en numerosos casos las incorporaciones se realizaron mediante simples entrevistas personales o a través de ofertas de empleo limitadas a vecinos de Ronda, sin convocatorias abiertas, sin bases reguladoras y sin publicidad suficiente. A juicio del Ministerio Público, estas actuaciones constituyeron un uso arbitrario de la contratación pública.
Compras sin expediente de contratación
La acusación también cuestiona numerosas adquisiciones realizadas por Soliarsa. Entre ellas figura la compra de diverso material por un importe cercano a 86.000 euros, que, según la Fiscalía, se efectuó sin tramitar los expedientes de contratación legalmente exigibles para una sociedad íntegramente participada por el Ayuntamiento. Se considera que dichas operaciones se autorizaron prescindiendo de los controles administrativos previstos por la legislación vigente.
Comidas, lotería y cestas navideñas
Otro de los apartados del escrito fiscal hace referencia a una serie de gastos que, siempre según la acusación, no guardaban relación con la actividad propia de la empresa pública. La Fiscalía cifra en unos 40.000 euros los desembolsos realizados en comidas, cestas de Navidad, participaciones de lotería y otros conceptos que considera ajenos a la finalidad de Soliarsa y que, por ello, entiende que no debieron cargarse a las cuentas de la empresa municipal.
Facturas por material que nunca llegó
Tal vez, la parte más grave de la investigación, afecte a la supuesta emisión de facturas por material que, presuntamente, nunca fue entregado. El Ministerio Público sostiene que varios trabajadores de Soliarsa y un empresario habrían actuado conjuntamente para justificar pagos mediante albaranes y documentos de recepción que considera falsificados. Según la acusación, esta operativa habría ocasionado un perjuicio económico cercano a 85.000 euros.
Más de 260.000 euros en responsabilidad civil
Como consecuencia de todos estos hechos, la Fiscalía ha solicitado que los acusados respondan económicamente por los daños ocasionados al Ayuntamiento de Ronda. Las responsabilidades civiles reclamadas, junto con las fianzas impuestas por el juzgado para garantizar su eventual pago, superan ampliamente los 260.000 euros, cantidad que podría incrementarse en función de lo que se determine durante el juicio.
Será ahora la Audiencia Provincial de Málaga la que deba analizar toda la prueba practicada durante la instrucción y determinar si las actuaciones descritas por la Fiscalía constituyen finalmente los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental que se atribuyen a los seis acusados.
