El conflicto abierto en el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján entra en una nueva fase. Las familias de los alrededor de 130 alumnos del centro mantienen su negativa a que los menores regresen al edificio mientras continúen las obras y han comenzado a preparar la documentación necesaria para poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
La decisión supone un nuevo paso en un enfrentamiento que, por el momento, no ha encontrado una solución consensuada entre las familias y la Administración educativa. Los padres reclaman que el alumnado sea trasladado de manera provisional a unas dependencias municipales situadas junto al colegio, que consideran susceptibles de ser acondicionadas para acoger las clases mientras se desarrollan los trabajos.
Los padres mantienen sus dudas sobre las condiciones en las que se pretende desarrollar la actividad docente durante las obras y mantienen que los alumnos no regresen al edificio principal hasta contar con un informe técnico independiente que determine que las instalaciones son seguras.
Por su parte, la Junta de Andalucía a través de la Consejeria de Educación mantiene, sin embargo, una posición distinta. La Administración sostiene que los espacios habilitados en el colegio cumplen las condiciones necesarias para continuar con la actividad educativa y considera compatible la ejecución de las obras con el desarrollo de las clases.
El desacuerdo entre ambas partes se mantiene, por tanto, en torno a las condiciones en las que debe comenzar el curso mientras se ejecutan los trabajos. Las familias consideran insuficientes las garantías ofrecidas hasta ahora y defienden que existe una alternativa en las instalaciones municipales próximas al colegio.
Además de preparar su traslado a la Fiscalía de Menores, los padres estudian recurrir a la vía contencioso-administrativa. Al mismo tiempo, mantienen las movilizaciones iniciadas para reclamar una solución que permita garantizar la continuidad de las clases sin que sus hijos tengan que regresar al edificio mientras se ejecutan las obras.
La situación deja abierto un conflicto que enfrenta dos posiciones: la de las familias, que reclaman un traslado provisional y una evaluación independiente del edificio, y la de Educación, que defiende la seguridad de los espacios habilitados y la posibilidad de compatibilizar las obras con la actividad docente.
