El Ayuntamiento de Ronda ha mostrado su “sorpresa” tras el escrito de acusación presentado por la Fiscalía del Área de Marbella en el procedimiento judicial abierto sobre la empresa municipal de limpieza Soliarsa. El consistorio defiende que tanto la jueza instructora como el Tribunal de Cuentas ya concluyeron que no existía ilegalidad en las actuaciones investigadas.
El ministerio público ha dirigido su acusación, entre otros, contra la exalcaldesa socialista María Teresa Valdenebro y la actual regidora, Mari Paz Fernández (PP). Según el escrito fiscal, ambas habrían incurrido en irregularidades en la contratación de determinados suministros. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se recuerda que el propio juzgado descartó que Valdenebro o Fernández tuvieran conocimiento de estas contrataciones y que, además, las operaciones recibieron el aval del Tribunal de Cuentas.
La acusación también señala a Fernández por supuestamente haber aplicado un IPC superior al fijado en nómina en los años 2017 y 2018, así como por el pago irregular de pluses a algunos trabajadores. El gobierno local replica que se trata de un error, ya que Fernández no ocupaba la Alcaldía en esos ejercicios.
Otro de los reproches de la Fiscalía se refiere al abono de la comida del patrón y de la cesta de Navidad a los empleados, sin cobertura normativa. Desde el consistorio alegan que estos beneficios estaban recogidos en el convenio colectivo, revisado por la Junta de Andalucía, y recuerdan que un juzgado obligó al Ayuntamiento a asumir estos pagos con carácter retroactivo tras la denuncia de los trabajadores. El Tribunal de Cuentas, subrayan, también avaló este proceder.
Por último, respecto a la supuesta contratación irregular de personal a través de un plan de empleo, el Ayuntamiento insiste en que todos los informes técnicos y el propio Tribunal de Cuentas respaldaron la legalidad de dichos contratos.
La causa continúa abierta a la espera de resolver los recursos presentados ante el Juzgado de Ronda y, en su caso, ante la Audiencia Provincial.
