Como se pudo conocer tras el informe de la Fiscalía, este órgano presentó acusación contra María de la Paz Fernández Lobato, actual alcaldesa y presidenta entonces de Soliarsa, junto a Francisco Ramón Harillo García y Rafael Palmero Moreno, por presuntas irregularidades en la contratación de personal en la empresa pública y, también, contra la anterior regidora. El ministerio público describe un “modus operandi” que restringía las convocatorias a desempleados de Ronda y aplicaba pruebas selectivas sin garantías de igualdad, mérito y capacidad.
Ell Ministerio Fiscal sostiene que los acusados se concertaron para manipular las convocatorias de empleo, restringiéndolas a vecinos de Ronda y desempleados registrados, y estableciendo pruebas de acceso de forma arbitraria, con exámenes no anunciados oficialmente o entrevistas personales sin baremo claro. Todo ello, según la acusación, vulneraría el principio constitucional de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
El origen: un peón forestal con examen invisible
La investigación sitúa el primer episodio en junio de 2018, cuando se ofertó una plaza de peón forestal en Soliarsa. La convocatoria, firmada por Fernández Lobato como presidenta, limitaba la participación a desempleados residentes en Ronda e incluía la obligación de realizar un examen. Sin embargo, en el documento oficial registrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no se mencionaba esa prueba, lo que genera una contradicción que ahora la Fiscalía considera clave. El tribunal calificador lo presidió Rafael Palmero, uno de los principales implicados.
Contrataciones en serie: barrenderos con reglas cambiantes
El patrón, según el ministerio fiscal, se repitió en años posteriores. En marzo de 2019 se convocaron seis plazas de barrendero, firmadas por Harillo, sin bases ni referencia a pruebas selectivas. No obstante, se localizaron exámenes realizados por quince aspirantes.
Tres meses más tarde, en junio de 2019, se ofertaron ocho nuevas plazas. En este caso se mencionaba como método de selección una entrevista curricular, aunque también se hallaron evidencias de exámenes no reflejados en las bases. El tribunal lo volvió a presidir Palmero.
En febrero de 2020, ya en vísperas de la pandemia, se repitió el procedimiento con otra plaza de peón barrendero. La oferta, firmada directamente por Fernández Lobato, establecía como único método de selección una entrevista personal.
Lo que está en juego
El ministerio público sostiene que entre 2018 y 2020 existió un “modus operandi arbitrario y contrario a la legalidad”, orientado a controlar las contrataciones en la empresa pública y a restringir el acceso en condiciones de igualdad.
De prosperar la acusación, el proceso podría abrir un nuevo frente judicial en la política rondeña, donde la gestión de Soliarsa ha sido uno de los puntos más sensibles. La causa amenaza con tener no solo consecuencias penales para los acusados, sino también un alto coste político
