La investigación judicial abierta por la Fiscalía en torno a la gestión de la empresa pública SOLIARSA (Sociedad de Limpieza de Ronda) podría tener un antecedente claro dentro del propio Ayuntamiento. Un informe emitido en 2021 por la interventora municipal, elaborado a partir de una auditoría externa, ya advertía de presuntas irregularidades en la gestión económica y administrativa de la sociedad, las mismas que hoy se investigan por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La cuestión que ahora se plantea es evidente: ¿desconocía el Gobierno municipal de entonces las supuestas irregularidades que hoy se investigan?
Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, la interventora —que desempeñaba el cargo de forma provisional— elaboró en 2021 un informe basado en una auditoría encargada por el propio Ayuntamiento a la empresa Ernst&Young. Dicho trabajo examinó la contabilidad y la operativa tanto de Turismo de Ronda S.A. como de SOLIARSA, detectando una serie de incidencias que posteriormente dieron pie a la intervención de la Fiscalía y de la Guardia Civil.
Facturas sin justificar y ausencia de documentación
Entre los puntos señalados en aquel informe figura un apartado especialmente llamativo sobre la falta de justificantes de gasto.
La interventora dejó constancia de que “sobre el test de gasto realizado se ha observado un importe de 86.817,81 euros para el que no se ha podido obtener el documento de entrega o albarán que evidencie la recepción del material o que el servicio haya sido prestado”.
La incidencia afectaba a varias facturas emitidas por SOLIARSA, entre ellas compras de kit de pastillas de freno, embragues, cien contenedores, ocho carritos de limpieza, bidones desengrasantes y distintos repuestos de vehículos, sin que se adjuntaran documentos que acreditasen la entrega efectiva de los materiales o la prestación de los servicios.
Auditoría aprobada en Pleno
La interventora, en un nuevo informe remitido a la Fiscalía, recuerda que aquellas auditorías ya se incluyeron formalmente en el Plan Anual de Control Financiero 2019-2020, aprobado el 10 de diciembre de 2019 y rendido al Pleno el 23 de diciembre del mismo año.
El 27 de mayo de 2020 se emitió el informe de Intervención relativo a la auditoría de SOLIARSA, que fue presentado públicamente al Pleno municipal el 29 de junio de 2020. Es decir, la información sobre las irregularidades contables y operativas estaba en conocimiento del Ayuntamiento al menos desde esa fecha.
En una comunicación a la Fiscalía, la interventora aporta abundante documentación de la empresa municipal como albaranes, facturas, actas del consejo de administración, tablas salariales, informes de pluses y balances contables, entre otros.
El interrogante político
Toda esta secuencia documental plantea una pregunta de fondo: ¿Era conocedor el Gobierno municipal de las presuntas irregularidades que hoy investiga la Fiscalía?
La existencia de informes y auditorías aprobadas en Pleno y con constancia oficial en el área de Intervención sugiere que, al menos desde 2020, las advertencias sobre la gestión de SOLIARSA estaban al alcance del equipo de Gobierno.
Ahora, con la investigación judicial en marcha, las conclusiones de la UCO y la acusación del Ministerio Público reavivan un debate político que podría tener consecuencias tanto en la esfera judicial como en la rendición de responsabilidades públicas.
