Ahora, tras las presiones de la oposición socialista a la Diputación de Málaga, la amenaza de que los exámenes de tráfico se fueran de Ronda a Málaga, parece alejada del horizonte. Ahora, tras haya tenido que ser el ente provincial quien «saque las castañas del fuego” al Ayuntamiento rondeño, el Partido Popular local saca pecho diciendo que el asunto está arreglado. A pesar del PP de Ronda, sí, el caso está cerrado.
Pero la verdad es que Ronda estuvo a punto de perder los exámenes teóricos del carné de conducir, una situación que hubiera obligado a los jóvenes de la ciudad y de toda la Serranía a desplazarse hasta Málaga para poder examinarse y de paso, colateralmente, hubiera traído perjuicios a las autoescuelas locales. Lo que podría haberse evitado con un simple convenio entre el Ayuntamiento y la DGT se convirtió en un ejemplo de falta de gestión y, sobre todo, de búsquedas de excusas peregrinas.
El secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, en una visita a Ronda, denunció que el Gobierno central “imponía una competencia impropia a los ayuntamientos”. Sin embargo, lo cierto fue que el caso de Ronda tuvo poco que ver con competencias y mucho con voluntad política. La DGT exigió que los exámenes teóricos se realizaran con ordenadores, un cambio que fue asumido sin mayores problemas en muchos municipios —como Marbella, en Málaga, o Xàtiva, en Valencia— gracias a la colaboración entre las autoescuelas y los consistorios.
La diputada por la comarca y concejala del PP rondeño, Carmen Martínez, se negó a que la Diputación colaborase y diese solución alegando “competencias propias” y ¿cómo no) criticando de paso al Gobierno central. Lo que valía aquí, no valía en Granada, por ejemplo.
Además se da la circunstancia de que en Ronda las autoescuelas solicitaron la firma de un convenio que permitiera mantener las pruebas en la ciudad. La respuesta del Ayuntamiento fue un portazo. La Asociación de Autoescuelas pidió colaboración municipal, pero la alcaldesa, María Paz Fernández, se negó a asumir un gasto que en otras localidades se resolvió con la simple cesión de un local o la compra de unos cuantos ordenadores. Por cierto, como los socialistas hicieron cuando gobernaron Ronda, ayudando desde el Ayuntamiento cediendo un local para que las autoescuelas tuvieran un sitio para que se realizaran allí las pruebas, garantizando así que los rondeños no tuvieran que desplazarse.
¡Eso se llama colaboración público-privada y no otras cosas!
Lejos de plantear alternativas, la alcaldesa optó en este conflicto por refugiarse en el discurso recurrente de responsabilizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alineándose con la estrategia partidista del PP a nivel provincial y dejando en segundo plano la búsqueda de soluciones desde el ámbito municipal, que era donde debía ejercerse su responsabilidad como máxima autoridad local. Fernández sostuvo que la situación obedecía a una imposición del Ejecutivo central, una interpretación que no fue respaldada ni por la Dirección General de Tráfico ni por la Subdelegación del Gobierno.
Desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga se hizo un llamamiento explícito a la cooperación institucional, instando a no utilizar las administraciones con fines partidistas. En este sentido, se recordó que a los ayuntamientos únicamente se les solicitaba una colaboración mínima, una fórmula que ya había sido asumida con normalidad por la mayoría de municipios del país.
Asimismo, desde el organismo estatal se subrayó que, en caso de que los responsables municipales no encontraran una solución para garantizar que sus vecinos pudieran realizar los exámenes de Tráfico, existía la posibilidad de solicitar apoyo a la Diputación de Málaga, una institución que había asumido sin objeciones inversiones millonarias en municipios de más de 20.000 habitantes gobernados por el PP, pese a no ser actuaciones de su competencia directa.
El aspecto más preocupante de todo el episodio fue la falta de sensibilidad hacia los ciudadanos afectados. Los jóvenes que aspiraban a obtener el carné de conducir vivieron durante semanas con la incertidumbre de tener que afrontar desplazamientos, costes añadidos y molestias innecesarias, una situación generada únicamente por la negativa del Ayuntamiento a gestionar —o a saber gestionar— una solución sencilla y al alcance de su mano.
Se quiera o no reconocer, ha sido la oposición en el pleno, en la Diputación y en la calle la que ha ganado la partida, la que ha logrado solucionar un grave problema. Si se quiere ahora apuntarse al acto de autoimposición de medallas, pues muy bien, el medallero es inagotable en distinciones de hojalata.
