Según ha podido conocer este medio, el detenido es una persona mayor, natural de Jimera de Líbar, con problemas de salud mental y residente desde hace un tiempo en Barcelona, aunque eventualmente viene a Ronda hospedándose en un hostal. Esta persona en ningún momento, llegó a encontrarse con Mari Paz Fernández ya que la regidora estaba ausente de la casa consistorial en ese momento. Además de ello, en contra de lo que aseguró la alcaldesa, no consta, en principio, ninguna motivación política relacionada con el incidente.
Fuentes conocedoras del entorno de esta persona nos informan que su propia familia ha sufrido sus ataques cuando no se toma la medicación.
En concreto el hombre fue detenido este martes, 21 de julio, después de proferir supuestas amenazas de muerte contra la alcaldesa de Ronda, en las dependencias del Ayuntamiento. Aunque se trata de un episodio grave y absolutamente rechazable, las circunstancias conocidas hasta ahora no permiten relacionarlo con la crispación política, la polarización social o la difusión de bulos como afirmó la alcaldesa en una inserción en su perfil de Instagram.
Los hechos ocurrieron poco después de las 9.00 horas, cuando el individuo entró en el edificio consistorial visiblemente alterado y comenzó a preguntar a gritos por la regidora: “Quiero ver a la alcaldesa, ¿dónde está la alcaldesa?”, repitió en varias ocasiones.
El hombre subió hasta la primera planta y recorrió parte del pasillo buscando a Fernández. Posteriormente bajó y abandonó el inmueble, momento en el que, según testigos presenciales, gritó varias veces: “¡Decidle que la amenazo de muerte!”.
La alcaldesa, sin embargo, no se encontraba en ese momento en el Ayuntamiento, según han confirmado empleados municipales presentes durante el incidente. Por tanto, no se produjo ningún encuentro ni enfrentamiento directo entre la regidora y el detenido. En su inserción en redes Fernández Lobato dijo: “Esta mañana han detenido a una persona por amenazarme de muerte en el propio Ayuntamiento”. Eso hizo pensar a la gente que la alcaldesa sufrió directa y personalmente la amenaza, aunque luego se conoció que no se encontraba en el Ayuntamiento en esos momentos.
El hombre, de edad avanzada y vecino de Jimera de Líbar, aunque residente desde hace un tiempo en Barcelona, presenta problemas de salud mental, según fuentes conocedoras de su situación que han informado a este medio. Estas circunstancias deberán ser valoradas por las autoridades competentes, sin que haya trascendido ningún dato que permita atribuir a su actuación una motivación política.
Poco después del suceso, Fernández difundió una escueta nota en sus redes sociales donde vinculaba lo ocurrido con “la actual polarización de la sociedad, la continua difusión de bulos y la crispación política”, factores que, a su juicio, “acaban desencadenando este tipo de reacciones intolerables”.
La alcaldesa llegó a afirmar que esa situación provoca “reacciones inmediatas tan violentas como la que he tenido que sufrir yo misma esta mañana en mi lugar de trabajo” y añadió que “nadie debería tener que pasar por una experiencia tan desagradable e injustificable bajo ningún concepto”. Lo cierto es que Fernández Lobato estaba ausente en ese momento de su “lugar de trabajo”.
Sin restar gravedad a la amenaza ni justificar en modo alguno el comportamiento del detenido, los datos conocidos introducen importantes matices en el relato difundido por la regidora.
Tampoco consta, por ahora, ningún elemento que permita conectar el incidente con la actividad política municipal, con las críticas de la oposición o con una supuesta campaña de bulos. Presentar lo sucedido como una consecuencia directa de la crispación política supone establecer una relación que no está respaldada por los hechos conocidos.
Las amenazas contra cualquier representante público deben ser condenadas con rotundidad y nunca pueden considerarse parte de su responsabilidad. Al mismo tiempo, un episodio de estas características exige prudencia, rigor y respeto a la verdad, especialmente antes de atribuir responsabilidades políticas o relacionarlo con el legítimo debate entre gobierno y oposición.
Desde la oposición y casi en paralelo al comunicado de la alcaldesa, el portavoz socialista, Francisco Cañestro, rechazaba el incidente y defendía que las diferencias políticas deben plantearse siempre desde el respeto, el diálogo y los cauces democráticos, sin que puedan tener cabida las amenazas ni las conductas intimidatorias: “Condenamos clara y contundentemente cualquier agresión, falta de respeto, insulto o amenaza hacia un responsable político, que al fin y al cabo somos solo servidores públicos al servicio de nuestra ciudad”. También añadía, a la vista de las informaciones, que ·lo que ha ocurrido hoy en el Ayuntamiento, “cuenta con nuestro absoluto rechazo, esperando que la justicia haga su trabajo, para que en el futuro estas actitudes no vuelvan a ocurrir nunca más”.
