La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda ha rechazado la petición de los abogados de la alcaldesa María de la Paz Fernández para anular la investigación en su contra y de varias personas más.
La defensa de la alcaldesa no negaba la existencia de posibles delitos, sino que alegaba que el caso debía cerrarse por haber superado el plazo legal de instrucción. Solicitaban la nulidad de todas las actuaciones posteriores al 16 de noviembre de 2021 y la citación de Fernández como investigada.
Sin embargo, la jueza explica que la Policía Judicial presentó un informe que llevó a la apertura de nuevas diligencias con un número distinto al original, incluyendo declaraciones de testigos. En marzo de 2022, la Fiscalía ordenó más investigaciones y en abril se tomaron nuevas declaraciones.
La jueza desmonta el argumento de la defensa sobre la caducidad del proceso. Primero, porque el auto inicial data de diciembre de 2020, no de noviembre, por lo que el plazo de un año debía contarse desde entonces. Segundo, porque en noviembre de 2021 el caso se sobreseyó temporalmente, interrumpiendo el plazo.
Además, en julio de 2021 se ordenó a la Guardia Civil investigar los hechos. En enero de 2022, tras recibir un informe, el caso pasó a la Fiscalía, que en marzo pidió más diligencias. En mayo, se ordenó continuar con la investigación. Aunque no hubo un auto formal de reapertura, la providencia de mayo, basada en la petición fiscal, fue suficiente para reactivar el proceso.
La jueza concluye que la falta de un auto específico es solo una irregularidad formal y que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias dentro del plazo de instrucción siguen siendo válidas aunque se ejecuten después de su vencimiento.
Cabe recordar que María de la Paz Fernández fue llamada a declarar como investigada, junto a otras seis personas, por presunta malversación y prevaricación en la empresa municipal de limpieza Soliarsa, de la que presidió el consejo de administración en los años en cuestión.
La investigación comenzó en 2020 por supuestas irregularidades en la gestión de Soliarsa. Aunque el caso se archivó inicialmente, se reabrió tras un nuevo informe de la Guardia Civil. Entre las anomalías detectadas estaban gastos sin documentación de entrega, problemas en el control de horas de trabajo, contrataciones irregulares, anticipos de sueldo en efectivo, incentivos sin justificación, cheques al portador firmados por personal no autorizado y descuadres de caja sin respaldo.
La tesis que mantiene desde siempre en este caso el PP de Ronda, es que Fernández no está acusada de participar directamente en estas prácticas, sino que fue citada a declarar por haber presidido la empresa en ese periodo.
