La acusación presentada por la Fiscalía contra la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, y otros responsables por la gestión de la empresa municipal de limpieza Soliarsa, ha provocado un auténtico seísmo político en la ciudad. Mientras el equipo de Gobierno defiende la legalidad de las actuaciones, desde la oposición se considera el caso de “máxima gravedad” y de consecuencias imprevisibles.
Según el escrito de acusación, entre 2018 y 2020 se habrían producido graves irregularidades en contrataciones, compras y uso de fondos públicos. Además de Fernández, se sientan en el punto de mira la anterior regidora, tres trabajadores municipales y un empresario. Los delitos que se les atribuyen son falsedad documental, prevaricación, malversación y fraude.
La Fiscalía sostiene que Fernández autorizó la incorporación de 28 operarios sin respetar los procedimientos legales, en ocasiones tras simples entrevistas o limitando la oferta a vecinos de la ciudad, vulnerando así los principios de igualdad, mérito y capacidad.
También se señala la firma de facturas por unos 86.000 euros en adquisiciones al margen de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la aprobación de subidas salariales irregulares en 2018 y 2019 para parte de la plantilla, con incrementos de hasta el 15 % en el caso del capataz, igualmente procesado.
Otro apartado llamativo es el gasto de unos 40.000 euros en comidas, cestas, lotería y lotes navideños, conceptos que, según la acusación, carecen de relación con la actividad de la empresa.
Asimismo, el Ministerio Público destapa una presunta trama entre empleados y un empresario, mediante la cual se simulaban compras de material a la firma Urban Services. El material nunca llegaba, pero sí se emitían facturas y albaranes falsificados, con un perjuicio estimado en 85.000 euros.
Por todo ello, la Fiscalía solicita para las dos exregidoras cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y el pago conjunto de 42.000 euros de indemnización al Ayuntamiento. Para los tres empleados municipales pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación, mientras que para el empresario reclama la misma condena por falsedad mercantil y fraude.
“Sorpresa” en el equipo de Gobierno
Desde el Ayuntamiento de Ronda se rechaza de plano el escrito del Ministerio Fiscal. En un comunicado, el equipo de Gobierno expresa su “sorpresa” ante las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Marbella, recordando que tanto la jueza instructora como el Tribunal de Cuentas concluyeron en su día que no se apreciaban ilegalidades en los hechos investigados.
Añaden, además, que el procedimiento judicial sigue abierto y pendiente de recurso, primero ante el Juzgado de Ronda y, en última instancia, ante la Audiencia Provincial.
