La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado los recursos presentados por la representación de la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández Lobato, y ha confirmado que la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda continúe su curso.
En varios autos dictados durante marzo de 2026, la Sección Primera de la Audiencia desestima las impugnaciones planteadas por la defensa de la regidora contra distintas decisiones adoptadas durante la instrucción. Entre ellas, la que acordó continuar las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, paso previo a la posible apertura de juicio oral.
La defensa de Fernández Lobato había solicitado el archivo de las actuaciones respecto a su representada al considerar que no existían indicios suficientes de actuación delictiva y que la resolución judicial carecía de motivación. También alegaba nulidad de diligencias practicadas fuera de plazo y cuestionaba la validez de su citación como investigada. Sin embargo, la Audiencia rechaza esos argumentos. Los magistrados sostienen que el auto recurrido sí concreta los hechos que se atribuyen a la investigada y recuerdan que en esta fase procesal no corresponde al juzgado instructor hacer una calificación jurídica definitiva, sino determinar si existen indicios suficientes para que la causa siga adelante.
La Sala también descarta que se haya vulnerado el derecho de defensa de la alcaldesa por no haber declarado en sede judicial antes de la transformación del procedimiento. Según recoge la resolución, la investigada fue citada y tuvo la posibilidad de declarar, pero optó por no hacerlo mientras se resolvían los recursos planteados por su defensa. Además, la Audiencia considera que, a la vista de lo actuado, existen elementos suficientes para mantener la investigación y permitir que sean las acusaciones las que, en su caso, formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento.
La resolución recoge que, según la instructora, Fernández Lobato fue alcaldesa de Ronda y presidenta del consejo de administración de la empresa municipal de limpieza Soliarsa, por lo que “no podía desconocer” lo que ocurría en el interior de la sociedad.
El auto menciona, entre los hechos investigados, la autorización de facturas y pagos a Urban Broker S.L., empresa que presuntamente simulaba operaciones comerciales sin prestar servicio alguno, la firma de un préstamo en nombre de Soliarsa sin autorización plenaria y la supuesta participación en contrataciones de personal sin bases, sin selección de candidatos y sin órgano de selección.
La Audiencia subraya que estos extremos no suponen todavía una condena ni una declaración de culpabilidad, pero sí considera que existen indicios racionales suficientes para que la causa siga adelante y sean las partes acusadoras las que definan, en su caso, los delitos que entienden que pueden concurrir. De hecho, el tribunal recuerda que la instructora ha apuntado a posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento público y malversación, aunque será en fases posteriores del procedimiento cuando se concrete la acusación.
Rechaza paralizar el procedimiento por los recursos de la defensa
Los magistrados recuerdan que la presentación de apelaciones no suspende por sí sola la marcha de la causa
Otro de los recursos presentados por la defensa de la alcaldesa pretendía dejar sin efecto una providencia del juzgado que reactivó el plazo para recurrir y permitió continuar con la tramitación del procedimiento, incluido el traslado al Ministerio Fiscal para presentar su escrito. La representación de Fernández Lobato sostenía que no debía darse curso al escrito de calificación del fiscal hasta que se resolvieran antes todos los recursos pendientes. La Audiencia, sin embargo, rechaza también esta tesis.
Con estas resoluciones, todas ellas firmes en la vía judicial ordinaria, la Audiencia Provincial respalda la actuación del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda y mantiene abierto el procedimiento.
Fiscalía pide cinco años de cárcel para la alcaldesa
Cabe recordar que la Fiscalía solicita pena de prisión para la actual alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández en el marco de esta investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa municipal de limpieza SOLIARSA durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020.
Según el Ministerio Fiscal, se habrían producido contrataciones sin respetar los procedimientos legales establecidos, así como pagos sin la debida justificación. Además, se mencionan gastos en comidas y cestas de Navidad que, según la acusación, no guardaban relación con la actividad propia de la empresa pública.
Estos hechos apuntarían a posibles delitos de fraude y malversación de fondos públicos, de acuerdo con la valoración de la Fiscalía. En concreto, le solicita una pena de cinco años de prisión, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y el abono de una indemnización cifrada en 42.000 euros.
