La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este miércoles la ciudad de Ronda para informar sobre las actuaciones de emergencia en la carretera A-397, gravemente dañada por el último temporal y clave en la conexión entre la Serranía de Ronda y la Costa del Sol.
Tras ofrecer detalles técnicos de la marcha de las obras, hablar de las VPO y de otras carreteras de la provincia, la máxima representante de la Junta de Andalucía en Málaga, de manera insólita y poco habitual, lanzó a lo largo de su intervención un duro aviso a quienes están cuestionando la gestión de estas obras y ofrecen versiones distintas que ella no considera apropiados y, por lo que se entiende, como derecho a la libertad de expresión. En concreto Navarro cargó especialmente contra críticas vertidas en redes sociales y en ciertos ámbitos políticos, que tildó de «bulos» y «maniobras partidistas«.
“Nos estamos planteando incluso emprender acciones legales ante los bulos que algunos están lanzando con fines partidistas. No vamos a tolerar que se juegue con la preocupación de los vecinos ni que se desacrediten unos trabajos que son complejos y que se están haciendo en tiempo récord”, declaró con tono contundente.
Lejos de fomentar un clima de diálogo o de apertura informativa, estas palabras de Navarro han sido interpretadas por varios sectores como una amenaza directa a la crítica legítima. En de responder a las dudas razonables que pudieran existie sobre la fecha de conclusión de las obras, la delegada optó por el camino de la intimidación legal, una vía poco recomendable, mucho más en una responsable de una institución como es la Junta de Andalucía, y mucho menos cuando se trata de gestionar una situación que afecta directamente a la vida cotidiana de miles de personas, a su economía, a la conciliación familiar, a su trabajo e incluso a su salud por los sobreesfuerzos por el desplazamiento al trabajo.
Navarro pidió además «responsabilidad» a representantes públicos y medios de comunicación, defendiendo que la Junta actúa con «total transparencia» y que se están invirtiendo todos los recursos necesarios para restablecer la normalidad. Sin embargo, esa supuesta transparencia parece incompatible con la dureza del mensaje lanzado, más propio de un cierre de filas institucional que de una gestión abierta al escrutinio público. La pregunta que cabría hacerse es ¿A qué representantes públicos dirigió el amenazante mensaje? ¿A qué medios de comunicación señalaba? ¿Qué objetivo se pretende con este preocupante advertencia?. Y por último ¿Alguien desde Ronda le informó del «interés» en lanzar ese discurso?
En un contexto de creciente malestar por el estado de las infraestructuras y la lentitud de algunas intervenciones, la amenaza de acudir a los tribunales contra las voces críticas no hace sino alimentar la desconfianza. Las urgencias de la A-397 exigen explicaciones y ayudas, no advertencias.
