Ronda podría perder los exámenes teóricos del carné de conducir obligando a los jóvenes de la ciudad y de toda la Serranía a desplazarse hasta Málaga para poder examinarse. Lo que podría evitarse con un simple convenio entre el Ayuntamiento y la DGT se ha convertido en un nuevo ejemplo de falta de gestión y, sobre todo, de excusas.
El secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, denunciaba esta semana que el Gobierno central “impone una competencia impropia a los ayuntamientos”. Sin embargo, lo cierto es que el caso de Ronda tiene poco que ver con competencias y mucho con voluntad política. La DGT exige que los exámenes teóricos se realicen con ordenadores, un cambio que ha sido asumido sin mayores problemas en muchos municipios —como Marbella en Málaga o Xátiva en Valencia— gracias a la colaboración entre las autoescuelas y los consistorios.
En Ronda, sin embargo, las autoescuelas pidieron la firma de un convenio que permita mantener las pruebas en la ciudad. La respuesta del Ayuntamiento ha sido un portazo. La Asociación de Autoescuelas solicitó la colaboración municipal, pero según informan a este medio, la alcaldesa, María Paz Fernández, se negó a asumir un gasto que en otras localidades se ha resuelto con la simple cesión de un local o la compra de unos cuantos ordenadores.
El portavoz socialista, Francisco Cañestro, ya alertó en el último pleno del riesgo de perder este servicio: “Espero que no ocurra como con el cine científico. Lo que pedimos es algo muy simple para que los exámenes no se vayan de Ronda”. El PSOE recuerda, además, que en 2010, bajo gobierno socialista, el Ayuntamiento cedió un local para que la DGT realizara allí las pruebas, garantizando así que los rondeños no tuvieran que desplazarse.
Pese a ello, la alcaldesa ha preferido recurrir al argumento de siempre que no otro que la manida culpabilización al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plegándose a los intereses partidistas sumándose a esta campaña provincial del PP, en vez de ofrecer soluciones desde lo local, como debiera ser la obligación de una primer edil de una ciudad. Según Fernández, la decisión responde a una imposición del Gobierno central. Pero ni la DGT ni la Subdelegación del Gobierno comparten esa versión.
Subdelegación de Gobierno de Málaga responde
Desde la Subdelegación de Gobierno de Málaga se ha apelado expresamente a “la colaboración entre instituciones en lugar de usar las administraciones de forma partidista”, recordando que solo se pide a los ayuntamientos una pequeña colaboración, algo que la mayoría de municipios españoles ya ha hecho.
Subdelegación del Gobierno apunta a que «si los regidores de estos municipios no tienen capacidad para buscar fórmulas de solución para que sus vecinos puedan hacer los exámenes de Tráfico, “pueden pedir auxilio a la Diputación de Málaga que asume sin ningún reparo proyectos millonarios en municipios mayores de 20.000 gobernados por el PP y que no son de su competencia».
Lo más preocupante es la falta de empatía con los vecinos afectados. Los jóvenes que se preparan para obtener el carné de conducir deberán ahora asumir desplazamientos, gastos y molestias innecesarias. Y todo porque el Ayuntamiento no ha querido —o no ha sabido— gestionar una solución sencilla.
Una vez más, Ronda, si no hay voluntad municipal de colaboración, podría perder un servicio básico. Y, una vez más, desde el Ayuntamiento se buscan culpables donde no los hay. Las excusas no sirven para conducir una ciudad que parece haber perdido el rumbo.
