Las negociaciones entre la empresa pública de limpieza Soliarsa y el Ayuntamiento han entrado en un punto muerto debido a la falta de acuerdo en la renovación del convenio colectivo y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Desde el Comité de Empresa, denuncian que la oferta municipal no garantiza mejoras reales en las condiciones laborales y que ciertas medidas propuestas podrían incluso significar un retroceso en derechos adquiridos.
El Ayuntamiento sostiene que ha propuesto una subida salarial de hasta 3.000 euros por trabajador. Para los trabajadores es importante que se aclare que esto no es cierto, que «lo que le suben por un lado, se los quitan por otro» y que, en definitiva, vienen a decir, que le están perdiendo dinero, pues se le reducen emolumentos por otras prestaciones. En ese sentido, los representantes sindicales también aclaran que esta cifra se presenta sin considerar el impacto de otras condiciones impuestas por el Consistorio, que afectarían directamente a la calidad del empleo y la conciliación laboral de la plantilla.
El conflicto se intensificó en paralelo a unas declaraciones de la concejala delegada de Soliarsa, Maricarmen Martínez. Para los trabajadores, esas palabras echaban gasolina al fuego y contenían “inexactitudes y dobles sentidos” para generar confusión en la ciudadanía. Los trabajadores criticaron las insinuaciones de la Martínez que según los representantes sindicales, sugirió que los empleados de Soliarsa son “peseteros” y “vagos”. Mostraban, como ahora, su preocupación por el tono y el contenido de las declaraciones del Ayuntamiento y advertían que de persistir en este enfoque, podrían generar un clima de crispación que perjudicaría no solo a los trabajadores, sino a toda la ciudad.
Profesionalidad y compromiso laboral
En respuesta, el Comité subrayaba que la profesionalidad y el compromiso de los trabajadores están fuera de toda duda, y cuestionan cómo la empresa ha logrado mantenerse a flote durante años a pesar de los recortes y una gestión deficiente. Lo cierto es que con estos mimbres municipales, se dificulta la confección de una cesta en forma de acuerdo. Para los empleados, la verdadera raíz del problema radica en la precarización progresiva del servicio y en la falta de compromiso del Ayuntamiento para garantizar un convenio que respete plenamente sus derechos.
Desde el Comité de Empresa recuerdan que el convenio colectivo lleva sin renovarse desde 2018, y que cualquier actualización debe contemplar mejoras reales en lugar de imponer nuevas limitaciones. A su vez, recalcan que los trabajadores han demostrado su responsabilidad y profesionalidad con la limpieza de la ciudad, a pesar de los recortes y una gestión municipal que, según expresan, ha sido deficiente en la planificación y el mantenimiento del servicio.
