La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel, ocho de inhabilitación y 42.000 euros de multa por parte de la Fiscalía, que la acusa de fraude y malversación en un presunto entramado de facturas falsas en la empresa municipal Soliarsa. El caso, que salpica también a la anterior regidora, a tres empleados municipales y a un empresario, ha desatado un terremoto político en Ronda y, por ende, en el Ayuntamiento de la ciudad y en la vida política local.
La acusación de la Fiscalía, basada en años de investigación de la Guardia Civil, describe una presunta trama en la empresa municipal Soliarsa en la que habrían participado la exalcaldesa, tres empleados y un empresario. Según el escrito, falseaban facturas y albaranes para apropiarse de dinero público destinado a material que nunca se entregaba, con un beneficio ilícito cercano a los 85.000 euros.
Ronda-News ha podido conocer aspectos muy concretos de este informe de la Fiscalía. Destacamos los siguientes apartados que explicarían la forma de actuar de los acusados:
“Los acusados Francisco Ramón Harillo, Rafael Palmero, Nicolás Mingorance Benjumea y Juan Manuel García Morales tramaron una operativa destinada al desvío de fondos públicos a favor de los patrimonios personales de Francisco Ramón Harillo y Nicolás Mingorance. El plan citado consistía en adjudicar a la empresa Urban Services, controlada por Nicolás Mingorance Benjumea, las contrataciones de material que no llegaba a entregarse. Así sucedió con las siguientes ficticias adquisiciones de material: el 25/6/2019 simularon la compra por Soliarsa a la empresa Urban Services de contenedores y papeleras por importe de 20.376,40 euros, mercancías que nunca llegaron a recibirse por Soliarsa, habiendo elaborado los acusados Francisco Ramón Harillo y Nicolás Mingorance, directamente o bajo sus órdenes, una factura y albarán de entrega de material en relación con dicha operación, y repartiéndose entre los mismos el importe transferido por Soliarsa”.
El informe de la Fiscalía, basado en las investigaciones de la Guardia Civil, continúa relatando con detalle más simulaciones de compras, tales como carritos de limpieza por importe de 6.582,40 euros o la adquisición de varias piezas de recambio de vehículos “sin que dichas mercancías llegasen nunca a recibirse” por la empresa municipal.
En otro apartado del duro y contundente informe de la Fiscalía se reseña:
“La contratación de empresas externas correspondería, según el artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en relación con el artículo 22.e) de los Estatutos de Soliarsa, al presidente del Consejo de Administración, cargo que recaía en 2019 en la alcaldesa, la acusada María Teresa Valdenebro Ríos, hasta el 15/6/2019, y en la alcaldesa, la acusada María Paz Fernández Lobato, a partir de esta fecha. Ambas acusadas, actuando con conocimiento de lo ilícito de su proceder, eludieron el procedimiento establecido en la LCSP a la hora de entablar relaciones comerciales con las empresas a las que efectuaron los desembolsos descritos anteriormente”.
Asimismo, se recoge:
“Así, la acusada María Paz Fernández Lobato, a sabiendas de su ilegalidad, aprobó la factura y orden de transferencia correspondiente por importe de 16.840 euros (IVA excluido) con fecha 25/6/2019 a favor de la empresa Urban Services, por la presunta compra de unos contenedores. Igualmente, aprobó la factura y orden de transferencia con fecha 1/7/2019, por importe de 6.582,40 euros, por la compra de carritos de limpieza a la empresa Urban Services. La citada acusada aprobó, conociendo lo ilícito de su actuar, la factura y su asignación. Asimismo, y respecto de esta misma operación, los acusados Francisco Ramón Harillo y Rafael Palmero elaboraron un procedimiento de contratación ficticio en el que figuraba la solicitud de presupuesto a tres empresas distintas, el cual nunca tuvo lugar…”.
