El PP pedirá en el Pleno la reprobación del socialista Francisco Cañestro y que se inicien acciones legales contra él por presentar una denuncia falsa. Los hechos se remontan al pasado verano cuando desde el equipo de Gobierno se ordenó, un domingo del mes de julio, la retirada de los ordenadores del Ayuntamiento de Ronda por la Policía Local tras recibir la orden del equipo de Gobierno por la filtración del examen de las oposiciones de auxiliar administrativo, hecho que investiga en estos momentos otro juzgado de Ronda.
El socialista puso en conocimiento de Fiscalía la actuación del concejal popular Ángel Martínez por si se pudiera haber cometido algún delito en este caso denominado popularmente “Patada en la puerta” que ahora el Juzgado, ha archivado..
En una maniobra que parece más orientada a llenar titulares que a defender principios democráticos, el Partido Popular de Ronda ha anunciado que llevará al próximo Pleno una propuesta de reprobación contra el concejal socialista Francisco Cañestro por el simple hecho de haber presentado esta denuncia tras la filtración del examen de las oposiciones.
La decisión del PP, más que una respuesta institucional, se percibe como un gesto desmedido que busca desacreditar la función de la oposición. Porque, conviene recordarlo, la denuncia de Cañestro surgió tras un hecho inédito como es que un concejal del equipo de Gobierno, Ángel Martínez, ordenara personalmente la incautación de ordenadores municipales un domingo, sin orden judicial. La intervención fue duramente cuestionada y, en democracia, esa crítica no solo es legítima, sino que es necesaria.
Cañestro, al conocer el archivo de su denuncia, ha respondido con claridad: “Fiscalizar al Gobierno municipal es mi obligación como concejal y esa labor la voy a seguir haciendo, guste o no al PP”. Y es que el archivo judicial de un caso no invalida la existencia de una posible responsabilidad política, ni elimina el derecho —y deber— de la oposición a supervisar, cuestionar y denunciar lo que considere irregular.
Lo preocupante de este episodio no es solo la sobreactuación del PP, sino el intento de transformar la acción fiscalizadora en una supuesta persecución. Se pretende, de forma preocupante, que la oposición se limite al aplauso o al silencio. Pero la labor de control no requiere el visto bueno de los tribunales para ser legítima porque su esencia está en garantizar la transparencia y exigir responsabilidades cuando proceda, sean judiciales o políticas.
Francisco Cañestro no ha hecho otra cosa que cumplir con su papel como es el de denunciar una actuación que, en su opinión, vulneró procedimientos y principios básicos de actuación institucional. Y lo ha hecho por los cauces correctos, a través de la Justicia y en el Pleno municipal. Que ahora se pretenda sancionar políticamente esa actitud solo puede entenderse como un intento de intimidación y de desgaste.
En el fondo, lo que se vislumbra tras esta estrategia del PP es un movimiento con aroma preelectoral que se materializa en intentar neutralizar voces críticas, desgastar a posibles candidatos y marcar perfil con vistas a las próximas elecciones. Pero silenciar a la oposición o ridiculizar su labor de control no engrandece a quienes gobiernan. Al contrario, lejos de ello, debilita la democracia local y transmite un mensaje preocupante a la ciudadanía.
Porque si en política se empieza a penalizar la crítica y se convierte en motivo de reprobación la acción fiscalizadora, lo que se pretende no es gobernar, sino blindarse del escrutinio público. Y esa, desde luego, no es la manera de construir una administración transparente y responsable.
Y el futuro de la reprobación ya lo ha augurado el propio socialista objeto de la inquina del PP: «Solo buscan un titular. Es una iniciativa que no sirve para nada. Sus 12 votos y que me digan que yo no les gusto. Pues miren ustedes, ya lo sabía… y además no me quita el sueño».