La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández Lobato, ha ofrecido sus primeras explicaciones públicas después de conocerse que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por el denominado caso Soliarsa.
En su comparecencia, la regidora popular trató de reducir el alcance de la causa al pago de bolsas de Navidad y de incrementos salariales a los trabajadores de la empresa municipal. Fernández presentó estos conceptos como el núcleo de una acusación que considera injusta, sin abordar el conjunto de las presuntas irregularidades recogidas en el procedimiento judicial.
“Se nos acusa no de apropiarnos de dinero, sino de pagar a los trabajadores la bolsa de Navidad, que viene recogida en su convenio, y los incrementos salariales”, aseguró la alcaldesa, ofreciendo así su propia interpretación del contenido de las actuaciones.
Fernández insistió en que esas cantidades estaban previstas en el convenio laboral, aunque la Fiscalía sostiene que determinados pagos y decisiones no se ajustaron a la legalidad. La existencia de un derecho recogido en convenio no excluye, por sí sola, la obligación de que su ejecución se realice respetando los procedimientos administrativos y presupuestarios correspondientes.
La alcaldesa también basó su defensa en que algunas de las decisiones investigadas se remontan a 2018, cuando todavía no ocupaba la Alcaldía ni presidía el consejo de administración de Soliarsa.
“Es muy injusto porque el fiscal me pide 100.000 euros de fianza y años de cárcel por una decisión de 2018, cuando yo no era alcaldesa, no era presidenta del consejo de administración y ni siquiera pertenecía al mismo. Nada tengo que ver con esa decisión”, manifestó.
Fernández aseguró que no ha cometido ninguna irregularidad y anunció que continuará en el cargo: “Aquí sigo, con total transparencia y con total humildad para contar todo lo que ha pasado”.
No es el fiscal quien abre el juicio oral
La regidora atribuyó al fiscal la decisión de llevarla a juicio, pero olvidó una diferencia jurídica fundamental, como que la Fiscalía solo formula su acusación y solicita las penas que considera procedentes, pero no es quien acuerda la apertura del juicio oral, sino que, obviamente, es la titular del Juzgado de Instancia e Instrucción de Ronda quien ordena la apertura de juicio oral.
Esa decisión corresponde a la jueza instructora, que ha rechazado el archivo de las actuaciones y ha considerado que existen indicios suficientes para que los hechos sean examinados durante el juicio. El juzgado también ha impuesto fianzas a los acusados para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.
La causa no se limita a unas bolsas de Navidad. A los procesados se les atribuyen presuntamente delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental relacionados con diferentes decisiones adoptadas en la gestión de la empresa municipal Soliarsa.
Será ahora el tribunal encargado del juicio el que determine si los acusados tienen alguna responsabilidad penal. Mientras tanto, Mari Paz Fernández mantiene su inocencia y califica el procedimiento de injusto, aunque la apertura de juicio oral ya ha dejado el asunto fuera del terreno de las simples explicaciones políticas.
Como señalamos ayer tras conocerse el auto de la jueza, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para la regidora de Ronda por presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos. La resolución de la jueza, contra la que no cabe recurso pues es firme, además, le ha impuesto a la regidora del PP una fianza superior a 135.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles.
La Fiscalía acusa de presunto fraude en la empresa municipal de Ronda con 28 contrataciones bajo sospecha, facturas de material sin suministrar y gastos ajenos a Soliarsa o falsos, entre otros supuestos delitos.
